México no mide los efectos de aplicar ideas absurdas que castigan a los que siempre aportan al sistema.

El Derecho a los servicios de salud en las naciones de occidente se han convertido en un tema trascendental entre los habitantes de sociedades que se denominan como democráticas, México no es la excepción y en pleno siglo 21 el Derecho a la Salud es la aparente solución a la enfermedad y a la vulnerabilidad económica.

Bajo la idea de la defensa de los Derechos es posible pasar por encima de cualquier libertad, además es democráticamente atractivo. Sólo calcula la popularidad que se puede ganar al garantizar servicios médicos a los ciudadanos de un país con más del 70% de personas en pobreza, según datos del 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

O el alivio que representa escuchar el anuncio de garantía de los Servicios Médicos para quien lo requiera si tienes en tu nación 25 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud y 35 millones sin servicios de Seguridad Social, aunque para ello ignores los Derechos adquiridos de 20 millones de personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

México salía de alguna de las olas de COVID cuando se anunció el plan de adherir al IMSS el sistema de atención médica del sector salud mexicano y crear el programa IMSS-Bienestar, fue en la 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social  donde Andrés Manuel López Obrador dijo que se aplicaría el programa.

“Ahora es IMSS Bienestar, pero es un sistema que funciona muy bien para atender a la gente más humilde, a la gente más pobre y es atención médica y medicamentos gratuitos. Ese sistema, ese modelo, es el que ahora vamos a fortalecer y ampliar en todo el país, en acuerdo con gobernadores y gobernadores para dar atención a la mitad de los mexicanos que no tienen seguridad social y hacer realidad lo que establece la Constitución en su artículo 4°: garantizar el Derecho del pueblo a la salud”, declaró el presidente en aquel evento, cuya noticia se puede consultar en el portal de presidencia.. 

Reunión de la 112 asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El posicionamiento es duro, hay 20 millones de personas que con su trabajo aportan para sostener el sistema de hospitales y servicios del IMSS, más de 1 millón 400 mil patrones que también pagan para sostener el sistema, junto a ellos el Gobierno Federal realiza también una aportación que ayuda equilibrar el sistema mediante aportaciones que funcionan como apoyo para quienes ganan menos dinero por su trabajo.

De estas tres fuentes, básicamente, el IMSS ha logrado construir, habilitar y sostener hospitales y clínicas; contratar a médicos, enfermeras y personal administrativo que labora en la atención de los derechohabientes. Los empleados y empresas que están adheridos al IMSS no tienen opción, pagan o pagan multa y no es posible negociarlo, cuando un empleado acepta trabajar sin servicios el patrón paga y paga multa al ser descubierto.

Es así como en 2022 se calcula que el 73.4% de los más de 530 mil millones de pesos que el IMSS gastará en el año son aportaciones obrero-patronales, a los que hay que sumar más 480 mil millones que aportará la Federación para el pago de pensiones de la ley anterior a 1997 del Seguro Social.

Los servicios de salud que ofrece el IMSS, los medicamentos que adquiere el instituto y los médicos, enfermeras, equipo y servicios del instituto existen, en un 75%, porque los trabajadores en activo y los patrones pagan por él y no es opcional.

Algunas dudas que no consiguen respuesta

  • ¿El Gobierno Federal puede disponer de estos activos para que sea el IMSS quien garantice el servicio de salud a los mexicanos en general?
  • ¿Se debió considerar la opinión de los trabajadores en la decisión?
  • ¿El dinero que aportan los trabajadores y patrones por la fuerza, no los hace con el derecho de ser considerados, siendo la mexicana una sociedad democrática?
  • ¿Si los trabajadores adheridos al IMSS son minoría, no deberíamos velar por sus derechos, siendo que serán sometidos sin ser considerados por la mayoría de los mexicanos?
  • ¿Si los mexicanos adheridos al IMSS pagan sus cuotas e impuestos, no son doblemente castigados en comparación con los mexicanos que serán beneficiados del programa IMSS-Bienestar?
  • ¿Es correcto que los trabajadores subsidien con sus aportaciones los servicios que antes garantizaban los gobiernos para quienes no recibían atención médica o servicios de salud de alguno de los sistemas de seguridad social?
  • ¿Así de fácil un Gobierno de Izquierda se deshace de su obligación de administrar los impuestos en favor de los que menos tienen?
  • ¿Así de fácil un Gobierno de Izquierda administra arbitrariamente los fondos de los trabajadores?

Podemos hacer muchas más preguntas para tratar de mostrar lo ilógico del programa, aunque siempre saldrá a relucir lo popular y atractivo que es electoralmente, lo que resulta sencillo de entender entre la clase política. Quizá por ello no hay diputado o diputada, funcionaria o funcionario que alce la voz, Andrés Manuel López Obrador acaba de encontrar una salida útil a un problema generado por la incapacidad operativa de los Gobiernos federal y estatal.

La duda que sigue radica en el silencio de empleadores, cámaras empresariales, organizaciones gremiales, sindicatos o de trabajadores de sectores que siguen sin advertir un cambio impuesto sin consulta. Aunque la respuesta radica en el mismo sentido que la clase política, todos los líderes esperan un poco del pastel del Poder que la democracia aporta a quien la explota.

Desde fuera no deja de parecer un abuso, sigue siendo cargarle la mano al que siempre paga los platos rotos. Incluso y en una visión exagerada no deja de parecer una expropiación, aunque en México el IMSS, hoy queda claro, nunca fue de los trabajadores o de los patrones, siempre fue de todes.

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