¿Cómo explicar que, mientras combatimos el contrabando y frenamos la entrada de productos que afectan la industria local, terminamos perjudicando actividades productivas que generan empleo, riqueza y crecimiento económico?

Esto es exactamente lo que ocurrió con el decreto que modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), publicado el 19 de diciembre de 2024.

Mediante un comunicado, la firma de asesoría legal y de comercio Sánchez Debanny informó que dicho decreto prohíbe la importación temporal de 320 fracciones arancelarias al amparo del Programa IMMEX, correspondientes a mercancías como prendas de vestir y productos textiles acabados.

Las fracciones modificadas abarcan varios capítulos y subpartidas, aunque excluyen cortes de tela destinados a la confección. Sin revisar el decreto (que puedes consultar aquí), parece que el objetivo es dificultar la operación de empresas como Shein o Temu. Pero no es así.

El impacto

Jesús Gámez García, presidente de Index Sonora, explicó el 2 de enero en entrevista para Número Uno Noticias que este decreto está afectando directamente a la industria manufacturera. Según el primer corte realizado al 31 de diciembre, los efectos negativos podrían poner en riesgo hasta 68,000 empleos.

Aunque el decreto parece una buena idea al frenar el mal uso del Programa IMMEX, que permite a empresas importar temporalmente sin pagar impuestos de importación ni IVA, su implementación sin un análisis profundo está generando serios problemas, comentó Gámez García.

Actualmente, las cámaras empresariales trabajan junto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda para corregir los daños y generar soluciones caso por caso. Estas medidas buscan mitigar las consecuencias del decreto de diciembre. Las consecuencias de “La Fatal Arrogancia”

Corregir y corregir

La Fatal Arrogancia es un concepto que Friedrich Hayek expuso en su libro The Fatal Conceit: The Errors of Socialism. En él, critica la planificación centralizada de la economía y la intervención estatal.

Un ejemplo claro de esta arrogancia se refleja en las leyes de importación y sus constantes «correcciones». Cambios que, al intentar resolver problemas, generan nuevos fallos que, a su vez, requieren más correcciones.

Para Hayek, la fatal arrogancia radica en la creencia de los planificadores de que poseen toda la información necesaria para controlar el orden social y económico. Este error es fatal porque ignora factores como el conocimiento disperso y el orden espontáneo, ambos fundamentales en los procesos históricos de desarrollo.

En términos simples, los planificadores confían en su capacidad para justificar una ley, como la imposición de aranceles para proteger negocios nacionales. Sin embargo, esa decisión puede reducir la competitividad local, lo que genera opciones especiales a ciertos negocios, abriendo una ventana que los ciudadanos aprovechan para crear nuevos negocios.

Esa misma ventana creada por las opciones que generan las leyes crea nuevas opciones y cuando éstas afectan los ingresos estatales, provoca una nueva intervención, como el decreto de diciembre, perpetuando un ciclo sin fin.

Libertad sobre regulación

Hayek argumentaba que el socialismo y sus variantes regulatorias son errores fatales. Para él, las economías de mercado son más eficientes al organizar el conocimiento disperso en la sociedad. Si una ley impide hacer negocios, flexibilizarla permite su desarrollo y fomenta nuevas oportunidades que a la postre requerirán más intervención.

En el mercado, los precios se forman, la competencia se desarrolla y la innovación surge mediante la destrucción creativa. Para Hayek, la libertad de elección debería practicarse más en el mercado que en las urnas.

En México, esta lógica parece invertida. La constante democratización da una falsa percepción de libertad de elección, que no siempre se traduce en una verdadera libertad económica.

El caso del decreto de diciembre lo pone en perspectiva: mientras los grandes empresarios influyen en las decisiones de política económica a través de las cámaras empresariales, el pequeño emprendedor —como el vendedor de camisetas rotuladas que aprovechaba el IMMEX— pierde oportunidades sin contar con defensores ante la autoridad.

El gran error que resulta de este proceso de regulación, flexibilización y endurecimiento de leyes es que el pequeño empresario siempre se queda siendo pequeño ante la influencia de los grandes empresarios que cuentan con los recursos para negociar con la política. ¿Ese camino es el ideal para combatir la desigualdad, la pobreza y la concentración de riqueza?