La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada en comisiones del Senado, sin un debate amplio ni parlamento abierto. La legislación, impulsada por la presidenta Sheinbaum, busca centralizar el poder en una Agencia de Transformación Digital.

La agencia tendrá facultades para otorgar y revocar concesiones, supervisar contenidos de radio, televisión y redes, así como bloquear plataformas digitales y limitar la publicidad. Además, el Estado se convertiría en proveedor de internet, bajo un discurso de soberanía.

La senadora Claudia Anaya advirtió que la ley es inconstitucional y viola tratados internacionales. «Es una agenda de control sobre la libertad de expresión y la competencia en el sector», afirmó. Por su parte, Ricardo Anaya denunció que la ley no fue leída en su totalidad antes de ser votada.

El proyecto de ley ahora se dirige al Pleno del Senado, donde se espera continúe su discusión. Las preocupaciones sobre su impacto en la libertad de expresión y el control mediático han generado un debate intenso en el ámbito político.

El proceso de aprobación en fast track ha sido criticado por su falta de transparencia, ya que el documento de 226 páginas no fue debatido extensamente. La centralización del poder en la nueva agencia ha suscitado inquietudes sobre el futuro de la radiodifusión.

La narrativa utilizada para justificar la ley se centra en la protección contra la propaganda extranjera, aunque sus detractores argumentan que se trata de una estrategia para controlar los medios. La atención ahora se centra en el debate que tendrá lugar en el Senado.

Mientras tanto, diversos sectores han expresado su preocupación por el impacto potencial de la ley en la pluralidad de medios y la neutralidad de la red. El desenlace en el Pleno del Senado será determinante para el futuro de las telecomunicaciones en el país.