Sin duda, una situación complicada es la que vive el país con el análisis y posible aprobación de la ley de telecomunicaciones que se discutió hoy en comisiones del Senado.

La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye en su articulado una serie de conceptos y definiciones que ponen en riesgo la libertad de expresión, la libertad editorial y los negocios de quienes se dedican a la comunicación en radio, televisión y ahora hasta en Internet.

Entremos en detalle: la iniciativa se justificó con la publicación de un spot de televisión en el que autoridades norteamericanas advierten los riesgos de la migración ilegal. Dicho mensaje se transmitió en televisión abierta durante juegos de béisbol, apenas hace unos días.

Una vez transmitido el spot y analizado su discurso, la clase política mexicana no tardó en criticarlo, sancionarlo y cuestionarlo. Así se sembró la semilla que germinó en una ley con grandes rasgos de arbitrariedad y que representa un riesgo para la libertad de expresión.

Fastrack

Además de que su presentación a la Cámara de Senadores fue la noche del 23 de abril de 2025 y su discusión en comisiones se realizó durante la mañana del 24 de abril, lo que impidió su análisis y socialización, el contenido representa un exceso de atribuciones para un nuevo organismo que podrá definir las reglas de operación de los medios de comunicación, sancionar irregularidades y castigar el incumplimiento de la ley, que será aprobada en el Senado. Pero, por si fuera poco, también podría suspender concesiones e incluso ordenar la eliminación de sitios de Internet o de cuentas en redes sociales.

Esta posibilidad se justifica en apenas tres sencillos artículos que se ocultan entre más de 230, en los que se incluyen elementos técnicos, montos de sanción y reglas de operación. Además, se otorga libertad para que el futuro organismo que regulará los medios de comunicación e informativos de México defina, por sí mismo, las reglas mediante las cuales se administrará la ley que se está discutiendo en la Cámara de Senadores.

Advertencias

La oposición ha intentado advertir los riesgos de esta propuesta, pero el oficialismo, integrado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, sólo tiene que hacer oídos sordos al llamado y esperar el momento para aprobar, con su mayoría absoluta, una ley digna de los sistemas absolutistas de la historia reciente de la humanidad.

El riesgo de esta ley radica en que, a partir de su aprobación, el único contrapeso que ha tenido la política mexicana en los últimos ocho años quedaría sometido a la decisión de un organismo, un director, un político que sólo necesitaría justificar que un mensaje promueve la división de los mexicanos para sancionar a un medio de comunicación, un portal informativo o las redes sociales de un periodista.

Quizá la advertencia hecha por Ricardo Anaya este día en el Senado sea ignorada, debido a su trayectoria panista, o a la historia que justifica el actuar con plena autonomía de una clase política que hoy se siente libre de hacer con el país y sus instituciones lo que mejor le parece, aunque esa decisión ponga en riesgo nuestra libertad y nuestra tranquilidad como mexicanos.

Tratos desiguales

Curioso resulta ver a esta sociedad política, empoderada, capaz de crear leyes que limitarán la libertad de expresión de los mexicanos, defender el derecho de los autores e intérpretes de corridos tumbados a la libertad de expresión.

La narrativa se repite una vez más: el delincuente, en México, goza de total libertad para ejercer sus derechos; el ciudadano de bien debe someter sus ideas, sus anhelos y sus negocios a lo que una avorazada clase política necesita para sobrevivir: impunidad, autoritarismo e impuestos.

¿Será que los medios de comunicación, los periodistas y los ciudadanos, con sus benditas redes sociales —que funcionaban como único contrapeso de los abusos de la sociedad política—, deben ser censurados para garantizar el futuro de un movimiento político que se empeña en parecer un partido?

Eso lo veremos muy pronto.