Parafraseando una idea que se volvió casi un eslogan durante la campaña presidencial de 1992 en Estados Unidos, advertimos los riesgos de la propuesta de ley de telecomunicaciones.

Si bien el proceso legislativo debería permitir un análisis y un debate profundo sobre cada uno de los artículos y su posible implementación, el proceso que permitió que una iniciativa con más de 200 artículos y un número similar de páginas se aprobara en comisiones en menos de 24 horas nos obliga a revisar los riesgos de la combinación de dicho articulado ante una futura aplicación.

En esta ocasión nos centraremos en tres artículos, y sí, son los mismos artículos que Ricardo Anaya advirtió como los más peligrosos durante la discusión en comisiones del pasado jueves.

Iniciamos con el artículo 109. Si revisas la iniciativa, este artículo se refiere a la posibilidad de que cualquier autoridad pueda solicitar la suspensión, al menos temporal, de alguna plataforma digital, portal, canal de YouTube o cuenta de red social, solo por una denuncia interpuesta por una autoridad. Eso está establecido en la ley de telecomunicaciones.

Posteriormente, el artículo 162 da la posibilidad de establecer el derecho a expresar opiniones en las plataformas con el candado, siempre presente cuando se habla de libertades en las leyes mexicanas, de someter dicho derecho a normas y reglamentos. Tienes derecho a expresar tus ideas siempre y cuando cumplas con las reglas que establecen las leyes y las normas mexicanas.

Y cerremos con el artículo 192, que define que los contenidos que se transmitan por radio, televisión o audios restringidos deben cumplir con una serie de parámetros, entre los que se incluyen fomentar la unidad de los mexicanos. También se agrega el concepto de no fomentar el odio y otros muchos elementos que bien pudiesen ser usados como pretexto para ejecutar lo que dice el primer artículo que citamos en esta columna.

Si por alguna razón en los contenidos que generas y compartes a través de radio, televisión o portales de acceso restringido se fomenta la idea simple de que México no fue víctima de una conquista, lo que podría marcar una clara intención de división entre quienes creen que hemos sido conquistados y quienes no, basta que la Secretaría de Educación y Cultura considere que tu contenido no abona a la unidad para que tu plataforma sea suspendida.

Si bien este ejemplo puede parecer exagerado, no necesitas investigar mucho para descubrir que temas como el género, estadísticas analizadas con perspectivas distintas, como la brecha salarial o la misma narrativa de la historia oficial, han sido usados en diferentes contextos para limitar la libre expresión de las ideas.

España, Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Gran Bretaña, Argentina, Rusia y una lista cada vez más creciente de países han generado normativas similares a las que actualmente se discuten en el Senado para frenar la crítica al desempeño político.

Aunque esto no viene especificado de esta forma en la iniciativa, basta con ver lo que ha pasado con las normas que sancionan la violencia política en razón de género en México y descubrir que la libertad de expresión de la mujer en nuestro país puede limitarse si una mujer en la política considera que con una crítica se violentan sus derechos políticos. ¿Quién nos asegura que esto no sucederá en pos de defender la unidad nacional, el desarrollo de los niños o el uso correcto del lenguaje?

Es un articulado que, revisándolo individualmente, podría parecer inocente, pero al aplicarse en su conjunto, representa un riesgo para la ya armada libertad de expresión en México.

La política ha encontrado en nuestros temores el camino ideal para frenar nuestro desarrollo social y nuestras libertades más básicas. La libertad de expresión limitada no sirve.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no es intención de la propuesta la censura, quizá diga la verdad, pero el riesgo radica en su aplicación en conjunto.

Y ni siquiera estamos analizando la posibilidad de que las futuras normas que creará este organismo con base en esta misma ley concentren gran poder en una sola institución, advertencia que también se realizó en la discusión en comisiones, pero el oficialismo ciego, sordo y replicador solo hace avanzar el proceso legislativo para institucionalizar el peligro de censura.

¿Será que se dejará de lado la propuesta para el siguiente período ordinario? Lo veremos la siguiente semana.

Por lo pronto, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dirigida por José Antonio Peña Merino, destinada a asumir las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), deberá esperar que pase esta ley o alguna otra que resulte de esta discusión pública sobre la iniciativa.