El programa de recuperación y regularización de vivienda del Infonavit, anunciado en junio, ha generado un amplio debate jurídico y financiero. La iniciativa busca regularizar viviendas en abandono mediante un esquema de renta con opción a compra.

Garrigues, firma de asesoría legal y fiscal, advirtió que el programa podría desincentivar el cumplimiento de pago al Infonavit. La medida pretende ofrecer seguridad jurídica a familias vulnerables, pero ha sido cuestionada por su posible legitimación de ocupaciones irregulares.

El Infonavit realizó un censo de 168,000 viviendas en abandono, parte de 843,000 inmuebles irregulares a nivel nacional. El programa propone contratos de arrendamiento con opción a compra para quienes ocupan estos inmuebles, con pagos accesibles durante cuatro a cinco años.

Al finalizar el plazo, los ocupantes podrían adquirir la propiedad a valor contable, lo que plantea interrogantes legales y éticos. Expertos advierten que ofrecer condiciones preferenciales a ocupantes irregulares podría vulnerar principios de legalidad y propiedad privada.

Financieramente, el programa podría agravar la situación patrimonial del Infonavit, que ya enfrenta una cartera vencida significativa. Desarrolladores han expresado preocupación por la falta de reglas claras y límites en la extensión de estos programas.

En el ámbito privado, el arrendamiento con opción a compra puede ser viable si se estructura con claridad contractual y respeto al marco legal. Ofrece inclusión financiera sin distorsionar el mercado, pero requiere contratos precisos y bien definidos.

El programa del Infonavit ha reavivado el debate sobre el acceso a la vivienda y la regularización de la tenencia. Su desarrollo debe seguirse de cerca para evaluar su impacto y efectividad en el contexto legal y financiero actual.