La tragedia ocurrida en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, donde 23 personas perdieron la vida y 15 resultaron lesionadas, reveló omisiones en materia de protección civil y la falta de supervisión de las autoridades.

El establecimiento no contaba con un Programa Interno de Protección Civil vigente desde 2021, confirmaron en rueda de prensa funcionarios estatales.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, informó que el permiso fue negado durante la actual administración estatal, luego de que la empresa no revalidara el programa autorizado en 2019 y 2020.

Con esta evidencia y después de la tragedia del sábado 1 de noviembre, el Gobierno del Estado ordenó la clausura preventiva de las 68 sucursales de la cadena en Sonora, mientras se realizan inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.

Lo que dicta la Ley

De acuerdo con la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora, los propietarios, administradores o encargados de establecimientos que concentren afluencia masiva de personas están obligados a contar con un programa interno vigente y aprobado por las autoridades competentes.

Dicho programa debe renovarse cada año y su incumplimiento puede derivar en multas, clausuras temporales y, en casos graves, responsabilidades penales.

La misma legislación establece que los Ayuntamientos deben realizar inspecciones periódicas a inmuebles de menor tamaño, mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil es responsable de los centros comerciales, supermercados, tiendas departamentales y demás edificaciones con gran concentración de personas.

El fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, explicó que las investigaciones apuntan a un accidente originado por una explosión eléctrica dentro del local, aunque destacó que la ausencia de medidas preventivas y la falta de un programa actualizado son factores que agravan la responsabilidad de los administradores del inmueble.

Hasta ahora, cinco personas continúan hospitalizadas y se mantienen abiertas varias líneas de investigación.

Puede ser agravante

Aunque en México no hay una Ley que exprese claramente sanciones por la falta del cumplimiento de la norma, las autoridades pueden clausurar o suspender las operaciones de los inmuebles cuando los responsables incumplen con sus obligaciones con Protección Civil.

Especialistas en derecho administrativo y/o protección civil consultados y que solicitaron no dar a conocer el nombre de la empresa que dirigen por tratarse de un problema que aún no queda resuelto, advierten que la falta de un programa vigente no sólo constituye una infracción administrativa.

Según concluyen, no contar con un plan de protección civil interno puede ser una falta que deja en evidencia posible negligencia en juicios civiles y penales, pues así se logra demostrar que la empresa no tomó las medidas mínimas para garantizar la seguridad de empleados y clientes.

El lado fiscal de la Protección Civil

De manera paralela, los servicios de protección civil representan también una fuente importante de ingresos para el Estado.

En el presupuesto 2025, la Unidad Estatal de Protección Civil proyectó recaudar 26.8 millones de pesos por la prestación de trámites y servicios relacionados con inspecciones, validaciones y dictámenes de programas internos.

Según la información disponible en el portal oficial del Gobierno del Estado, el trámite de registro de un plan de protección civil puede tener un costo superior a los 17 mil pesos y la revalidación, obligatoria cada año, requiere un pago de más de 7 mil pesos.

Esta evidencia y la falta de seguimiento a incumplimientos puede exponer el enfoque recaudatorio de la dependencia y las políticas de Protección Civil frente a su función preventiva.

El caso Waldo’s deja en evidencia un vacío entre el marco legal y la práctica institucional.

Mientras la ley exige cumplimiento estricto y anual de los programas de seguridad, las inspecciones resultan esporádicas y los cobros se mantienen constantes. La tragedia en el Centro de Hermosillo expuso que el costo de esa omisión no se mide en pesos, sino en vidas humanas.