Desde 2011, la política mexicana ha avanzado en contra de la libertad de los ciudadanos. El proceso ha sido gradual, acumulativo y transversal entre los gobiernos de México.

Se han cambiado leyes, se ha ajustado la Constitución, se han creado órganos reguladores y ahora se eliminan; pero los límites ya están puestos y la clase política se acusa sin asumir su responsabilidad.

México avanza en el manual del autoritarismo. No es un proceso que dependa del partido en el poder; ha sido un desgaste gradual que se percibe poco cuando la libertad se debilita entre ideologías y narrativas.

Nuestro país se pierde en ese avance. No se trata de reproducir un discurso contra el gobierno en turno, sino de señalar que el proceso inició antes de la llegada de MORENA al poder. Nadie lo ha frenado, pero tampoco se expone con datos históricos.

La realidad no es exclusiva de México. El mundo entero suma dos décadas de desgaste. Este proceso ha sido documentado por Freedom House, organización estadounidense dedicada a la defensa de la democracia en todo el mundo, fundada en 1941 para promover la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la lucha contra el fascismo.

El método de evaluación de Freedom House combina un proceso cualitativo con resultados cuantitativos. Participan expertos y asesores. El resultado puede no agradar, pero permite generar datos comparables y medibles.

Aunque la metodología es pública, en términos generales evalúa 25 indicadores mediante investigaciones de campo, consultas con expertos y análisis de informes de ONG y medios. A cada indicador se le asigna una puntuación que, en conjunto, da un resultado de 0 a 100, clasificando a los países como “libres”, “parcialmente libres” o “no libres”.

Libertad bajo ataque

Según el informe Libertad en el mundo 2026, se acumulan dos décadas de disminución de libertades a nivel global.

“La libertad global disminuyó por vigésimo año consecutivo en 2025. Un total de 54 países experimentaron un deterioro en sus derechos políticos y libertades civiles, mientras que solo 35 registraron mejoras”.

El documento también describe una ruta: el camino hacia la pérdida de libertades. Más que un cambio abrupto, parece una receta que se aplica de forma constante desde el poder.

El proceso inicia con la eliminación de medios críticos y la reducción de espacios de debate en televisión, radio y prensa. Después viene la limitación de la libertad de expresión individual.

Mayor vigilancia en redes sociales, menor margen para opinar o denunciar. Así se imponen multas, sanciones y restricciones sin mecanismos claros de defensa. Ejemplos recientes lo ilustran: Karla María Estrella por sus publicaciones en X; Ángel Camarillo en Veracruz, tras publicar una nota informativa basada en resultados electorales; y Rodolfo Ruiz, en Puebla.

El director del medio digital e-consulta fue vinculado a proceso penal por un juez de control, en el marco de una causa iniciada por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la organización Artículo 19:

“El proceso penal contra Rodolfo Ruiz no puede analizarse de manera aislada. Su origen se encuentra en un contexto de cobertura periodística crítica sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder relacionados con autoridades del estado de Puebla”.

Le sigue el debilitamiento del Poder Judicial, que complica el debido proceso y deja en indefensión al ciudadano. Basta revisar sanciones, detenciones y multas recientes, así como la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa y los cambios a la Ley de Amparo.

Y aún hay más: la desarticulación de los espacios de análisis y estudio, es decir, el debilitamiento de la sociedad civil organizada.

“Los regímenes autoritarios han perseguido a grupos de la sociedad civil y medios independientes debido a su capacidad para denunciar abusos”, señala Freedom House.

Aunque el informe menciona casos como Rusia, México no es ajeno a esta tendencia.

Hecho en México

El 22 de marzo, el Servicio de Administración Tributaria eliminó el permiso de donataria autorizada a 53 organizaciones civiles, incluidas aquellas que vigilan indicadores económicos, evalúan políticas públicas o denuncian corrupción.

El proceso, publicado el 9 de enero en el Diario Oficial de la Federación, derivó de cambios legales que impidieron validar trámites previamente aceptados.

El Instituto Mexicano para la Competitividad explicó que, pese a cumplir con los requisitos ante la autoridad correspondiente, el SAT revocó su estatus al considerar inválida la instancia que emitió la acreditación.

La lista incluye organizaciones como Mexicanos Primero y México Evalúa, dedicadas a la investigación y análisis del desempeño gubernamental.

Amnistía Internacional México calificó la decisión como “un golpe directo a la capacidad de operar y apoyar a la gente”.

Además, advirtió que este tipo de medidas se repite en América Latina mediante las llamadas “leyes anti-ONG”, diseñadas para debilitar a la sociedad civil.

El informe de Freedom House advierte que el deterioro de la libertad no se limita a fronteras nacionales:

“Es improbable que el daño se limite a los estados represivos. Las democracias también pueden resentirlo”.

Massiosare

PRI, PAN, PVEM, PT, MORENA, MC y el resto de los partidos han evitado el tema. No replican los datos del informe 2026 de Freedom House ni explican la caída de México en los índices de libertad.

En 2017, con datos de 2016, México era considerado “parcialmente libre” con 65 puntos: 28 en derechos políticos y 37 en libertades civiles.

La tendencia no mejoró. En 2019, la calificación cayó a 63 puntos. Para 2024, el país registró 60 puntos.

Hoy, en el informe 2026, México alcanza 58 puntos: 26 en derechos políticos y 32 en libertades civiles. La caída es consistente y transversal a distintos gobiernos.

Somos menos libres

La Constitución permite la prisión preventiva oficiosa, debilitando la presunción de inocencia. Según datos del INEGI (2025), más de 72 mil personas se encuentran privadas de la libertad bajo esquemas de prisión preventiva.

De 85 mil 547 personas sin sentencia, el 38% está en prisión preventiva justificada y el 47% en prisión preventiva oficiosa.

Medidas como la CURP biométrica, los registros telefónicos y el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública avanzan con respaldo legal, aunque la ciudadanía no dimensione sus implicaciones.

El próximo 6 de abril, la Suprema Corte definirá si la Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar cuentas sin orden judicial.

A esto se suman sanciones a ciudadanos por expresarse en redes sociales que, aunque parecen casos aislados, reflejan el poder que la ley otorga a la autoridad en turno sin contrapesos efectivos.

Todo esto ha ocurrido —y seguirá ocurriendo— en apenas 26 años, desde la transición del año 2000.

La pregunta es inevitable:

¿ganamos más libertad o la fuimos perdiendo sin darnos cuenta?